En todo el escándalo público en torno a las coimas, robos desde CORFO y sobresueldos, hay algo que me hace falta siempre: un análisis de fondo sobre la gravedad de las culpas personales. Todos los artículos y declaraciones usan como parámetro la legislación vigente, si se violó la ley o no. Sin embargo, ese referente es completamente inútil y vago para determinar la gravedad de los hechos. A veces, en este país nos olvidamos que las leyes fueron creadas para ayudarnos a ser una sociedad mejor. Administrar justicia no se trata de leer el manual de la ley y seguirlo al pie de la letra. Si fuese así, reemplazaríamos a los jueces por computadores y haríamos un mucho mejor trabajo. Cuando cruzamos la calle en un lugar no autorizado, estamos violando la ley, al igual que cuando asesinamos. Pero todos concordaremos en que la gravedad no es la misma.
Frente a estos últimos escándalos, me parece que esta distinción no se ha hecho nunca. Delante de las cámaras de los reporteros, el ladrón de Inverlink, que estafó a medio país y se robó el dinero para su uso personal, parece igual de culpable que el Ministro de Obras Públicas, que utilizó resquicios legales para pagarle a los funcionarios del Ministerio sueldos de mercado. Peor aun, frente a la justicia tampoco se hace mucha diferencia: se envía a la cárcel, sin libertad provisional, se embargan bienes, se requisan computadores, como si todos fuesen delincuentes de la misma calaña.
Puedo equivocarme, y no conozco de cerca los detalles del caso, pero no he visto ninguna acusación que yo considere grave contra el Ministro. Esto se avala más aun con las implicaciones que han aparecido contra la Universidad de Chile en el mismo caso. Al parecer, todos trabajaron juntos en un esquema que permitía manejar las concesiones de obras públicas en forma profesional y eficiente, manteniendo contrapartes en el Ministerio que fuesen del nivel adecuado para enfrentar transnacionales que se adjudicaban contratos de cientos de millones de dólares. Tal vez el Ministro fue porfiado, tal vez descuidó los detalles administrativos para ser más eficiente su gestión. Incluso tal vez violó la ley por eso mismo. Pero no parece haber robado nada, ni para él ni para nadie. La asociación simplista y poco inteligente que hace la justicia en este caso es: a un funcionario se le pagó más sueldo que el que la ley permitía, por lo tanto se le robó plata al fisco. Conclusión, todos son ladrones, ¡tan ladrones como Inverlink!
A cambio, gracias a esos actos, Chile posee hoy una infraestructura de caminos envidiable, que hace 10 años parecía un sueño absurdo. ¿Podría haberse hecho esto sin resquicios? Creo que es obvio que, sin sobresueldos adecuados, no habría resultado exitoso. La vocación de servicio público ya no existe en el Chile de hoy, y aquellos que postulan a los cargos mal pagados del gobierno son aquellos que después sí se roban la plata.
Entonces, ¿Porqué no se pagaron sueldos de mercado respetando la ley vigente? Me parece que no existe forma de hacerlo en el cuadro actual. La única alternativa habría sido modificar los estatutos de la administración pública que, dicho sea de paso, harto bien le haría al país. Esta modificación habría demorado varios años y, por supuesto, no tendríamos ningún camino decente en Chile. A cambio, si el Ministro hubiese sido legalista e ineficiente, hoy estaría feliz y tranquilo en su casa.
¿Porqué la concertación no cambió la escala de sueldos antes para arreglar esto? Creo que era un tema muy difícil de enfrentar: decirle a todo Chile que un sueldo de un millón de pesos mensual es poco, resulta políticamente suicida.
En resumen, creo que estamos enviando gente a la cárcel, sometiéndolos a escarnio público, desprestigiando instituciones y personas, por el sólo hecho de haber sido eficientes en su desempeño profesional. El mensaje para el futuro es clarísimo: ningún Ministro ni autoridad arriesgará lo más mínimo en aras de la eficiencia, lo que en la administración pública quiere decir que nadie hará nada más. Afortunadamente, las autopistas ya están terminadas y operando y creo que ni siquiera nuestra despistada justicia ordenará destruirlas o requisarlas.
Como último punto, la legislación vigente plantea una verificación a priori de todo contrato o acto importante por la contraloría. Esto es de una ineficiencia e ineficacia total: estorba todo acto legal que uno quiera hacer y permite igual todo acto ilegal, puesto que es cosa de saber esconderlo bien. Siempre he pensado que este sistema facilita y promueve el robo al obligar a todo jefe a violar la ley para ser eficiente. En un sistema donde todos violan la ley, es mucho más difícil distinguir a los eficientes de los ladrones, confusión que, me temo, es lo que nuestra exageradamente ciega justicia está sufriendo.